Ley 1/2025 de Eficiancia Procesal

• Por qué la actividad mediadora se encuentra regulada por la Ley 5/2012, lo que garantiza su aplicación y eficacia dentro del ordenamiento jurídico

• Por qué la intervención de mediadores inscritos en el Registro del Ministerio de Justicia constituye una garantía de profesionalidad en la gestión y resolución de conflictos

En cualquier caso el acuerdo logrado constituye un contrato y tiene fuerza de ley entre las partes. Además, puede ser elevado a escritura pública si las partes lo desean y ganar así fuerza ejecutiva,  con lo que se equipara a una sentencia. 

En la mediación, lo habitual es que las partes cumplan lo acordado por tratarse de un sistema autocompositivo. Es decir,  que las partes son las que han intervenido personalmente, con la ayuda del mediador profesional en la conclusión del acuerdo.

Por contra en la vía judicial, en que la solución viene impuesta por un tercero (el juez), las  sentencias no siempre son aceptadas por la parte “derrotada”, por lo que el ganador tiene que recurrir muchas veces a otro procedimiento judicial para conseguir que se ejecute la sentencia.

Si no se llega a un acuerdo, no pasa nada negativo para ninguna de las partes. Es una de las ventajas de la mediación, que no se puede obligar a aceptar una solución que no sea consensuada.

Sin embargo, se puede llegar a "mini-acuerdos" que pueden suponer un avance en la resolución del conflicto, y la experiencia del proceso, seguro evita el escalamiento de la disputa. 

En caso de que no se alcance un acuerdo mediante los mecanismos de negociación extrajudicial, y en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Eficiencia Procesal, será imprescindible acreditar de manera fehaciente el intento previo de resolución del conflicto. A tales efectos, la participación de un mediador profesional se erige como la mejor garantía para la validez y efectividad del certificado que emitirá como requisito exigido

A diferencia de la mayoría de los procedimientos judiciales, en los que se requiere la contratación de abogado/a y procurador/a, para el proceso de mediación no se requiere su asistencia. Sólo es imprescindible  la presencia de las partes y del mediador/a.

No obstante, hay que tener en cuenta que como el mediador tiene prohibido prestar asesoramiento a las partes, si las partes prefieren verse asistidas de abogado u otros porfesionales, no existe inconveniente alguno. 

El coste del proceso de mediación es muy inferior a un procedimiento judicial, además no se incurre en costes de procurador ni en tasas judiciales.

Antes de iniciarse la mediación, las partes son informadas del coste previsto del proceso de mediación, que estará basado en función de la complejidad del conflicto.

La ley 5/2012 recomienda que los costes de una mediación sean satisfechos, salvo pacto en contra, a partes iguales entre los intervinientes en el procedimiento, pero puede ser asumido por una de las partes íntegramente o parcialmente.

Las sesiones de mediación son normalmente presenciales, pero cuando las compañías por diversas razones tienen restringidos los viajes, o las partes en conflicto no se pueden desplazar al lugar de reunión, ofrecemos la posibilidad de realizar los contactos por medios telemáticos de una forma rápida y segura a través de nuestra mediación online.

Con la entrada en vigor de la Ley 1/2025 de Eficiencia Procesal, la mediación no puede ser interpretada como un signo de debilidad, sino como uno de los medios exigido por el ordenamiento jurídico. Dicha norma establece la obligatoriedad de intentar una solución extrajudicial del conflicto como requisito de procedibilidad para la interposición de cualquier acción judicial en el ámbito civil.